Quizá algunos recuerden cuando a Internet se le decía ‘la autopista de la información’, un concepto hoy en desuso que se acuñó en los años noventa para referirse a la estructura de distribución de la entonces naciente red de redes. Era una vía de un solo canal donde todos iban a la misma velocidad.
Eso cambió este jueves luego de que el jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) votó jutno a otros dos burócratas a favor de poner fin on la llamada 'neutralidad de internet', que garantiza a todos la misma capacidad de distribución de sus contenidos, independientemente de la naturaleza o tamaño del creador. La FCC votó este jueves sobre la supresión de la regulación que garantizaba dicha neutralidad.
Desde antes de que asumiera en mayo el cargo de presidente de la FCC, Ajit Pai ha dejado claro que no cre que internet deba ser tratado como un servicio público, como la electricidad, el agua o los teléfonos, un principio que se estableció en 2015 bajo el gobierno de Barack Obama.
Las empresas de telecomunicaciones han criticado la tendencia a mantener un ‘internet abierta’ porque consideran que es mala para el desarrollo de sus negocios y en última instancia para internet. Por eso están satisfechas con los cambios que podrían hacerse oficiales este 14 de diciembre cuando los comisionados voten las propuestas de Pai.
En el balance de ganadores y perdedores, de un lado están gigantes de comunicaciones, como AT&T o Verizon, y del otro los monstruos de la producción y distribución de contenidos, como Google o Facebook. En el medio, los potencialmente más afectados: los consumidores.
¿Qué es la 'neutralidad'?
La ‘neutralidad’ significa que los proveedores de internet no pueden recompensar con conexiones más veloces a aquellas compañías productoras de contenidos que quieran o puedan pagar más para tener más velocidad.
El estándar lo estableció la FCC en 2015 al adoptar la idea de ‘internet abierta’ y poner al sector bajo las reglas establecidas por la ley de Comunicaciones y por tanto bajo la supervisión de la FCC.
Esa ‘neutralidad’ garantiza que todos los contenidos se distribuyan de la misma manera en la web y que al ser considerado un servicio público, esencial para la vida moderna, su cobertura debe llegar a toda la población sin restringirse por consideraciones de lo económicamente viable.
Es una evolución de los principios que rigen la web desde 2005 y que en 2010 fueron sintetizados en la filosofía de 'internet abierta', que siempre ha sido desafiada por quienes consideran que el gobierno no debería intervenir el negocio.
¿Qué pasa con su eliminación?
Las empresas de telecomunicaciones podrían empezar a cobrar más a los productores de contenidos para que gocen de velocidades de conexión que ayuden en la distribución de sus productos.
En la práctica implicará la creación de un canal ‘rápido’ y otro ‘lento’ que se usarán según sea la capacidad de las empresas productoras para pagar un costo adicional para hacer negocios, que con seguridad trasladarán al sus clientes. En teoría también podría implicar que los proveedores marginen y hasta bloqueen sitios que son de la competencia para favorecer sus propios productos.
Tomemos como ejemplo Netflix o Hulu, populares sitios de distribución de películas, cuyo éxito depende de la posibilidad de que sus subscriptores disfruten de una buena y confiable velocidad de conexión para ver producciones on line.
Sin la neutralidad en pie, podrían tener que pagar más a los proveedores para lograr la velocidad necesaria, un costo que con seguridad será transferido al cliente en la subscripción. Eso, en caso de que algunos proveedores que a la vez producen contenidos, como Comcast, decidan ralentizar la conexión para promover sus propios productos.
Otro ejemplo es el de las empresas de telefonía móvil, que podrían dar menos velocidad o cobrar adicional por el uso de aplicaciones como WhatsApp o Skype, con las que compiten en el negocio de la transmisión de datos y voz y por las que actualmente el cliente no paga nada al usarlas.
¿Quién gana y quién pierde?
Ganan las grandes firmas de telecomunicaciones que han creado la infraestructura que soporta la internet y están satisfechas con la revocación de las reglas del 2015 porque esperan poder capitalizar las inversiones que hacen para modernizar sus sistemas que mantienen activa la red.
Es curioso que mientras AT&T se enfrenta a una demanda del gobierno federal para impedir su fusión con Time-Warner, bajo el argumento de que sería dañino para el consumidor, está muy complacida con las oportunidades que abre el fin de la ‘neutralidad’.
Pierden gigantes de internet como Google o Facebook que temen ver subir sus costos a la hora de hacer negocios, aunque no quedarían en una posición tan desfavorable como pequeñas empresas o start ups que carezcan de músculo financiero.
Pero el consumidor final puede ser el más afectado por el previsible aumento de tarifas y por la potencial reducción de acceso y oferta de contenidos que podría empezar a experimentar.
Otros ciudadanos podrían ver cómo el acceso a las redes en zonas rurales o despobladas se hace cada vez más dificultoso en la medida que las empresas decidan que no es atractivo o rentable para ellas mantener inversiones al mismo nivel que lo hacen en centros urbanos de alta densidad de clientes.
¿Es un panorama inevitable?
Las nuevas reglas que adopte la FCC con seguridad serán desafiadas ante tribunales por esos gigantes electrónicos y grupos de defensa del consumidor, en una reedición del pulso legal que las ha enfrentado con las empresas de telecomunicaciones en los últimos lustros. Hasta ahora, los fallos de la justicia han tendido a favorecer la posición de quienes proponen menos regulación para el sector.
Pero el acceso a internet se ha hecho algo de primera necesidad para los consumidores y para el desarrollo económico. Por eso, una decisión de la justicia o una intervención del Congreso podría garantizar que eventualmente adquiera ese rango, al lado de la electricidad, el teléfono, agua o gas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario